EN DEFENSA DE LA ORIGINARIA
LUIS GUILLERMO ZÚÑIGA ARAÚZ
Los últimos acaeceres políticos en torno a la Constituyente Originaria, me obligan a apuntar algunas reflexiones breves y precisas. Esto, por cuanto desde hace un par de semanas se ha desatado una peligrosa propaganda de desinformación con el abierto objetivo de tergiversar la realidad de este histórico proyecto.
A más de dos años de iniciada la fase de Alfabetización Constitucional, campaña que ha recorrido el País y llegado a más de un millón de panameños, los que se oponen a la Constituyente Originaria han decidido desprestigiar la persona de quien es uno de sus mayores y mejores voceros, el Dr. Miguel Antonio Bernal Villalaz. Han acudido al Ministerio Público con una denuncia falsa y temeraria, poco más que risible, donde se le achacan un número plural de conductas delictivas. Era de esperarse que, a falta de argumentos jurídicos, los detractores de la Originaria dieran ese paso para ir a cobijarse en las faldas del Ministerio Público. Al profundizarse las acciones a favor de la Originaria y elevarse el apoyo popular, afloraba como algo lógico que trasladaran el debate al escenario judicial, donde ya lo primordial deja de ser la confrontación jurídica y política, misma que es reemplazada por el examen de la conducta personal del vocero principal. En el Ministerio Público no se escrutará si la Constituyente Originaria es o no jurídica o políticamente posible para la sociedad, sino, si el ciudadano Miguel Antonio Bernal Villalaz incurrió o no en conductas delictivas. Y esta, por supuesto, es la zona de confort que hoy requieren con urgencia los que se oponen a la Originaria. La dictadura militar nos dejó lecciones imborrables en el arte de utilizar al Ministerio Público como instrumento de apoyo para perseguir a sus detractores, permutando el exilio, la cárcel o la tumba, a cambio del silencio. A nadie se le ha podido olvidar que el Doctor Miguel Antonio Bernal jamás aceptó el silencio.
A los que se oponen a la Originaria se les escucha afirmar que la única vía para cambiar la Constitución es la Constituyente Paralela, establecida en su artículo 314. Esto no es cierto. El citado artículo lo que dice con claridad es que la Constitución “podrá” ser “reformada” parcial o totalmente, por medio de una Asamblea Constituyente Paralela. Ese “podrá” es una facultad discrecional, lo que significa que no es el único sendero a seguir. Pero, además, solo sería útil en caso de que lo que se busque es “reformar” la actual Constitución, y lo que hoy exige el País con la Originaria no es “reformar” la actual sino construir, entre todos, una nueva Constitución. Como facultad discrecional que es, ese “podrá” no obliga a que la Paralela sea la única forma de cambiar la Constitución. Por cierto, el “podrá” del 314, al igual que su Paralela, obedece a la reforma constitucional de 1984 que, si no lo sabían, jamás fue sometida a la consideración de la sociedad panameña (referéndum).
Aducen, además, que la Originaria es un Golpe de Estado, un ataque a la institucionalidad, un acuerdo para que el actual Presidente se perpetúe en el poder, etc. etc. Sin embargo, si algo es fácil en la vida es hacer conjeturas en cuestiones políticas. Bueno sería que los que se atreven a jugar el papel de augures y adivinos políticos, se atrevan a enseñarnos las razones por las que consideran que cuando el pueblo soberano ejerce el poder público, se produce un Golpe de Estado, un ataque a la institucionalidad o un acuerdo para que el Presidente siga en el poder.
Se ha dicho y aquí lo repito, la Constituyente Originaria es un proyecto que parte de la idea de que el pueblo es quien debe decidir las reglas de su futuro, quien debe construir las bases legales del Estado que aspira, mediante un gran debate nacional donde participemos todos los sectores sin exclusión (cosa que no se hizo cuando se impuso la Constitución de 1972 y tampoco se hizo cuando se impuso el artículo 314 de la Constitución, es decir, la Paralela).
¿ Será que los que promueven la Paralela, en el fondo, no están de acuerdo con que la voluntad soberana del pueblo sea quien decida el rumbo de la sociedad istmeña ?
¿ Será que le tendrán temor al gran debate nacional para discutir, sin miedos, ni tapujos, el futuro del Estado ?.
¿ Será que piensan que una norma jurídica inconsulta (Artículo 314) está por encima de la voluntad soberana del pueblo ?.
¿ O será que para ellos, los pueblos deben cargar cruces ajenas por el resto de la eternidad ?
