Panamá ante el debate sobre una Constituyente. Por Rodrigo Julio Molina Ortega. El debate sobre una posible Asamblea Constituyente en Panamá no puede analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica; debe entenderse dentro de un contexto social, económico e institucional que se ha venido acumulando durante varios años.
1. Economía, empleo y confianza institucional. Uno de los principales factores que alimentan el malestar ciudadano es la percepción de que el crecimiento económico del país no se refleja suficientemente en la vida cotidiana de la población. Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han señalado la importancia de fortalecer la confianza, la institucionalidad, la inversión y la generación de empleo como condiciones necesarias para un desarrollo sostenible. Los informes económicos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas muestran la evolución de la actividad económica, las finanzas públicas y los principales indicadores sociales del país, elementos indispensables para comprender los desafíos que enfrenta Panamá en materia de empleo, productividad y bienestar ciudadano. El problema central no es solamente cuánto crece la economía, sino cómo se distribuyen sus beneficios. Cuando sectores importantes de la población sienten que las oportunidades laborales son insuficientes, que el costo de vida aumenta y que las instituciones no responden con rapidez, puede generarse una pérdida progresiva de confianza en el sistema político.
2. La Caja de Seguro Social como punto de tensión nacional La situación de la Caja de Seguro Social (CSS) se convirtió en uno de los temas más sensibles del debate público panameño. La reforma a la Ley Orgánica de la CSS generó un amplio proceso de discusión y fuertes posiciones encontradas entre el Gobierno, sectores empresariales, sindicatos, trabajadores y ciudadanos. El Gobierno argumentó que la reforma buscaba garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y asegurar su funcionamiento futuro, mientras sectores opositores expresaron preocupación por el impacto que las modificaciones podrían tener sobre trabajadores y jubilados. Este conflicto demuestra un punto importante: cuando decisiones nacionales afectan derechos sociales fundamentales, la falta de consenso puede convertirse en un factor de tensión política y abrir nuevamente la discusión sobre cambios más profundos en las reglas del Estado.
3. Antecedentes de protestas y agotamiento del modelo político Panamá ha experimentado en los últimos años importantes movilizaciones sociales relacionadas con el costo de vida, los servicios públicos, la minería, la corrupción y reformas institucionales. Estos episodios reflejan una ciudadanía más activa y exigente, pero también muestran una creciente distancia entre la población y las estructuras tradicionales de representación política. Las protestas relacionadas con las reformas constitucionales de 2019 constituyen otro antecedente relevante. Aquella experiencia evidenció que cualquier intento de modificar las reglas fundamentales del país requiere un amplio proceso de participación y legitimidad social. Estudios académicos han señalado que ese intento de reforma dejó importantes lecciones sobre la necesidad de construir consensos antes de impulsar cambios constitucionales.
4.¿Es la Constituyente una salida para Panamá? Ante este escenario, algunos sectores consideran que una Asamblea Constituyente podría ser una oportunidad para modernizar las instituciones, mejorar los controles del poder público y establecer un nuevo pacto social. Otros advierten que una Constituyente puede generar incertidumbre si no existe un consenso amplio sobre sus objetivos y límites. La experiencia panameña indica que el problema no es únicamente la Constitución vigente, sino también la forma en que funcionan las instituciones, la calidad de la administración pública y la capacidad del sistema político para responder a las demandas ciudadanas. Por ello, el debate debe plantearse con responsabilidad: una Constituyente no debe verse como una solución automática a la crisis económica o social, sino como una herramienta excepcional para reorganizar las bases del Estado cuando la sociedad considera que las reformas ordinarias ya no son suficientes. El verdadero desafío de Panamá no es solamente cambiar las normas, sino recuperar la confianza ciudadana mediante instituciones más transparentes, eficientes y comprometidas con el bienestar colectivo.
