Por:Jorge Luis Prosperi. Médico. Antes de discutir el texto constitucional, Panamá debe ponerse de acuerdo sobre el modelo de desarrollo y el contrato social que necesita para las próximas generaciones
El anuncio de que en 2027 podría convocarse una Asamblea Constituyente ha reabierto uno de los debates más trascendentales para el futuro de Panamá. Después de más de cinco décadas, es legítimo preguntarse si el país necesita una nueva Constitución. Mi respuesta es sí. Pero la pregunta verdaderamente importante no es qué Constitución queremos, sino para qué proyecto de país la queremos. Porque Panamá ha cambiado profundamente.
Existe el riesgo de que la discusión se concentre en el procedimiento: si la Constituyente debe ser originaria o paralela, cuántos constituyentes elegir o cómo serán seleccionados. Sin embargo, antes de debatir el texto constitucional, Panamá debe responder una pregunta mucho más profunda: ¿qué modelo de desarrollo y qué contrato social necesita para las próximas generaciones?
Las constituciones organizan el poder. Los contratos sociales organizan el propósito de una nación. Por ello, la Constitución debe ser la expresión jurídica de un acuerdo previo sobre el país que queremos construir, no un sustituto de ese acuerdo. Debe nacer de un amplio consenso nacional y convertirse en el marco institucional que haga posible el desarrollo para el bien común.
Durante décadas, Panamá fue uno de los países de mayor crecimiento económico de América Latina. El Canal, la plataforma logística, el sistema financiero y el sector servicios impulsaron una economía dinámica y abierta al mundo. Sin embargo, como hemos comprobado en los últimos años, el crecimiento no siempre se tradujo en desarrollo para todos. Persisten profundas desigualdades territoriales y sociales, brechas en educación y salud, empleo informal, desconfianza en las instituciones y una creciente percepción de que el progreso no beneficia por igual a todos los panameños.
Por ello, el desafío del país no es únicamente constitucional. Es, sobre todo, un desafío de modelo de desarrollo. Durante mucho tiempo medimos el éxito por el crecimiento del producto interno bruto, cuando la verdadera pregunta debería ser si ese crecimiento mejora la calidad de vida, fortalece la cohesión social y amplía las oportunidades para todas las personas.
El nuevo contrato social debería partir de una premisa fundamental: el gran acuerdo nacional del siglo XXI consiste en reconocer que el desarrollo para el bien común debe ser el propósito superior del Estado y de la sociedad. No entendido únicamente como crecimiento económico, sino como la capacidad de generar prosperidad compartida, igualdad de oportunidades, instituciones confiables y bienestar para las generaciones presentes y futuras. Ese debería ser el verdadero propósito del Estado panameño.
Cuando el desarrollo beneficia solo a algunos sectores, deja de ser un proyecto nacional para convertirse en la suma de intereses particulares. Cuando sus beneficios alcanzan a toda la sociedad, fortalece la confianza, la cohesión social y la legitimidad democrática.
Todo comienza con una visión compartida de país. De esa visión nace el contrato social; del contrato social, el modelo de desarrollo; del modelo de desarrollo, las instituciones; y de estas, la Constitución que les da estabilidad y permanencia.
Con demasiada frecuencia intentamos reformar las instituciones sin haber acordado primero el modelo de desarrollo que deben impulsar. Y pretendemos cambiar la Constitución sin haber definido antes el proyecto nacional que debe inspirarla. El orden debería ser exactamente el contrario: visión de país, contrato social, modelo de desarrollo, instituciones y, finalmente, Constitución.
Las generaciones que redactaron la Constitución de 1972 respondieron a los desafíos de su tiempo. La responsabilidad de nuestra generación es responder a los desafíos del nuestro. Panamá atraviesa una transición demográfica, tecnológica, económica y ambiental que transformará profundamente la forma de producir, trabajar, aprender, cuidar y gobernar. La Constitución que surja de este proceso debería ser capaz de acompañar esa transformación durante las próximas décadas. Las constituciones responden a una época; los contratos sociales preparan a una nación para la siguiente.
Por ello, más que un acuerdo sobre la distribución del poder, Panamá necesita un acuerdo nacional sobre el propósito del Estado. Un Estado cuya misión sea promover el desarrollo para el bien común, garantizando igualdad de oportunidades, fortaleciendo instituciones transparentes y profesionales, impulsando una economía innovadora y sostenible, y asegurando que el progreso llegue a todas las regiones y generaciones del país.
Si finalmente Panamá decide convocar una Asamblea Constituyente, debería hacerlo con una pregunta previa ya respondida: ¿qué país queremos construir para los próximos cincuenta años? Porque una Constitución no puede reemplazar un proyecto nacional. Puede darle estabilidad, legitimidad y permanencia, pero no inventarlo.
El verdadero desafío no es escribir un nuevo texto constitucional; es alcanzar un nuevo contrato social que coloque el desarrollo para el bien común en el centro de todas las decisiones públicas. Solo entonces una nueva Constitución dejará de ser una reforma jurídica para convertirse en la expresión de un país que, finalmente, decidió construir, juntos, su futuro.
